POSTPRIMARIAS: DERECHA E IZQUIERDA

Los resultados que arrojará la elección del candidato presidencial de la Concertación y la Alianza luego de las primarias, no es un dato relevante políticamente, toda vez que se trata de una disputa entre fracciones al interior de ambos bloques que comparten en general el modelo de gobernabilidad y mercado imperante. Lo relevante es la conformación en un plano de realismo de una sociedad escindida entre un núcleo o élite que pretende seguir gobernando como minoría y la emergencia de un nuevo sujeto político mayoritario dispuesto a confrontar ese modelo de dominación.

En pocas ocasiones se puede distinguir con claridad los perfiles de las fuerzas políticas que compiten por la conducción del gobierno como en la actual elección de primarias presidenciales, y particularmente, conocer las bases de apoyo así como la precariedad de su legitimidad. Esto es así porque  junto con haber concluido un ciclo político tras el triunfo electoral de Piñera en 2010, y haber sido derrotada la Concertación, la ciudadanía pudo constatar que ambas coaliciones representan visiones de democracia y economía muy similares.

Ambos bloques están unidos por el apego que han tenido con la Constitución de la dictadura, por las reglas de mercado que regulan la salud, la educación, la seguridad social, el rol del Estado, y del lugar de los ciudadanos en la política.

Para quienes concurran a las primarias, sea de modo consciente o por acarreo —la minoría electoral—, será para devolver un favor concedido, agradecer el bono, o la política clientelar desarrollada por su alcalde, o autoridades de gobierno, y muchos lo harán para obtener nuevos favores o simplemente sin saber realmente por qué.

Quienes no asistan lo harán tanto por razones políticas, básicamente por el hastío de ver la reproducción una y otra vez de la misma clase política que viene desde tiempos del golpe militar, pasando por la dictadura y la posdictadura, prometiendo la alegría o un Chile mejor y más justo. Y ve ahí tanto a quienes están involucrados en violaciones a los derechos humanos, aun impunes, como a quienes clamaron piedad al gobierno inglés para salvar de la cárcel a Pinochet, y traerlo a Chile para liberarlo de sus cadenas.

Los resultados de la elección primaria permitirán resolver que fracciones de la vieja y mala política se confrontarán para preservar los equilibrios de poder político y económico; no para modificar un sistema percibido como ilegítimo por la mayoría social oprimida por las políticas desarrolladas por los extremistas neoliberales de la Concertación , eufemísticamente llamada Nueva Mayoría, o de la Alianza.

En términos concretos y claros, el campo de fuerzas que se constituye a partir del 1 de julio es entre derecha e izquierda. La derecha sea de alma concertacionista o aliancista, buscará preservar los milagros del modelo, respetar la institucionalidad de elite que emergió sobre miles de detenidos desaparecidos, defenderá los privilegios conquistados, y no le temblará la mano y la palabra en calificar de “humanoides” o “ultras” a quienes intenten romper los equilibrios que tanto trabajo les ha demandado.

La izquierda que emerge, por otra parte, está en las inmensas movilizaciones estudiantiles, en las luchas regionales por mayor poder y autodeterminación, entre quienes se mueven por temas ambientales, derechos de minorías sexuales, de la diversidad. Y por cierto, en una izquierda nueva, plural, democrática, participativa.

No es fácil de aceptar para la élite política el reconocimiento del lugar que se ocupa en la distinción izquierda-derecha, que para la mayor parte de la sociedad es un dato de realidad. Lo difícil está en reconocer que la transformación ha operado y un nuevo ciclo tiene lugar en Chile, donde adquiere relevancia la posición frente al mercado capitalista y la democracia de minorías y elitista.

La lucha electoral que se inicia la noche del 30 de junio, pone en movimiento nuevas fuerzas históricas y sujetos políticos que ingresan a una arena electoral plagada de restricciones. Los jóvenes de Revolución Democrática expulsados por la elite concertacionista, como Giorgio Jackson de Izquierda Autónoma, como Francisco Figueroa o Gabriel Boric, y los innumerables líderes que emergen y se nuclean en el Movimiento Todos a La Moneda tras el programa de transformaciones que propone Marcel Claude, representan el nuevo sujeto político democrático. Lo que viene es un cuadro de lucha desigual, entre las transnacionales y el gran capital y la mayoría ciudadana. Pero es un cuadro incierto por la gravedad de la crisis que atraviesa la sociedad no escuchada por la vieja clase política.

 

 

 

 

 

LA IZQUIERDA Y LA CUESTIÓN DEL PODER

Se vive en Chile una situación política en donde la cuestión del poder en el Estado debe estar en el centro de todo análisis. Por ello debe ser analizado con realismo el modo en que están conformadas las relaciones de fuerza y en última instancia, las correlaciones de clase en la sociedad. La resolución a la presente crisis política admite la posibilidad de cerrar el ciclo contrarevolucionario inaugurado con el golpe de Estado de 1973, donde la izquierda que emerge tiene un rol.

La lucha electoral que se libra en el marco de la democracia protegida de las clases lucrativas tiende a desperfilar la naturaleza del conflicto que se esconde tras la violencia del Estado dirigido por los contrarevolucionarios de 1973, y por quienes de uno u otro modo terminaron fagocitando de los residuos del orden democrático alcanzado en 1990. Examinemos brevemente los hechos y su concatenación.

En 1970 tuvo lugar una revolución democrática que lideró Salvador Allende junto a la Unidad Popular; se produjo entonces un traspaso de las funciones de gobierno al nuevo núcleo de dirección estatal más no la totalidad del poder. Ese poder siguió operando y usado como terrorismo por la derecha y ultraderecha, donde civiles sediciosos instaron a fracciones de las fuerzas armadas ideologizadas por la doctrina de seguridad nacional a dar un golpe de Estado y restablecer las condiciones para la reproducción de su capital y de privilegios.

La Unidad Popular fue diezmada, sus líderes asesinados, torturados y miles terminaron desaparecidos hasta hoy. La contrarevolución burguesa tuvo éxito al punto que doblegó con el paso de los años a una fracción no menor de las dirigencias de la Unidad Popular, muchos de ellos del Partido Socialista, del MAPU e IC, en aceptar las condiciones de una rendición incondicional, al extremo de garantizar la reproducción de un modelo de explotación del trabajo, los recursos naturales, y un engendro de democracia basado en la aplicación del Estado de excepción.

La correlación de fuerzas o de clases cambió radicalmente en 1973, al instalarse, mediante las armas, una dictadura terrorista del capital, aliada a intereses imperialistas —proceso ampliamente documentado—, y a sectores de la burguesía más antinacional y antipopular. Esa nueva correlación de fuerzas tuvo el poder para torturar, asesinar, hacer desaparecer personas e imponer un Estado a la medida del gran capital, y que se refrendó en la Constitución de 1980, hoy considerada como ilegítima por una gran mayoría de la población.

El orden terrorista impuesto por las clases que ejercen el poder total del Estado, junto con diseñar la arquitectura de la opresión legal de las mayorías, impuso un orden económico que permitiese reproducir sus ganancias a niveles desconocidos en Chile, transformando a la nueva ideología neoliberal en un credo religioso, la cual fue contando con innumerables acólitos, entre ellos parte de la elite de la Unidad Popular que accedió al precario gobierno estatal en 1990.

¿Termina o se modifica la correlación de fuerzas en 1988 al acceder la Concertación de Partidos por la Democracia a la gestión de Estado? No. Llega a su fin la fase terrorista de la contrarevolución burguesa de 1973, y se abre  una nueva fase de dominación bajo condiciones de democracia tutelada o protegida que se fue desmontando progresivamente a través de reformas constitucionales, llegando el presidente Lagos a promulgar una nueva constitución en 2004.

El Estado de excepción o esa forma de “guerra civil legal” que ha imperado ha sido el modo en que esa correlación de fuerzas mantuvo el control sobre el Estado en última instancia. En consecuencia, hablar de correlación de fuerzas sólo puede tener sentido si se la concibe como el modo en que bajo condiciones de capitalismo neoliberal —como el que oprime a las mayorías sociales—, permite identificar las formas de lucha que harán posible su alteración. Lo demás, ilusión.

En el contexto de las intensas luchas que libran movimientos sociales en diversos rincones del país está en el centro la lucha por el poder del Estado, donde se tensionan los equilibrios de poder trabajados finamente por los contrarevolucionarios y aceptados, a fin de cuentas, por quienes han sido administradores de un orden policiaco, carente de legitimidad, sin participación del pueblo en los asuntos cruciales. Ese modelo hoy está severamente cuestionado.

La tarea de quienes buscan superar la actual correlación de fuerzas —la izquierda que emerge hoy—, en los hechos equivale a poner término a la mantención del orden económico-institucional del pacto Dictadura-Concertación de 1988-1989, y consiste en ampliar, profundizar y articular orgánicamente nuevas alianzas sociales con vistas a la construcción de un nuevo Bloque Político-cultural, que articule movimiento estudiantil, trabajadores del cobre, empresas portuarias, comunidades campesinas, pobladores, intelectuales demócratas, pequeños y medianos empresarios, y donde nuestras Fuerzas Armadas tengan un lugar en esa nueva correlación de fuerzas, esta vez, no al servicio de civiles del gran capital y sus servidores, sino de apoyo y respeto a la soberanía popular.

Uno de los hitos en ese camino es la realización de una Asamblea Constituyente que permita alterar esa correlación en favor de la mayoría ciudadana. Todo lo que se aparte de poner en el centro de la actual crisis la cuestión del poder está destinado a prolongar la agonía del modelo chileno y los costos que demandará poner término a la contrarevolución terrorista de 1973.

Reducir la disputa central por el poder del Estado que hoy se libra —primarias mediante y elecciones de noviembre—, a un juegos de posiciones y acuerdos de élites, son actos de propaganda electoral que rehúye la cuestión de construcción de poder ciudadano para alcanzar un nuevo Estado y un orden democrático de mayorías.

LA CUESTION DEL PODER HOY

Se vive en Chile una situación política en donde la cuestión del poder en el Estado debe estar en el centro de todo análisis. Para ello debe ser analizado con realismo el modo en que están conformadas las relaciones de fuerza y en última instancia, las correlaciones de clase en la sociedad. La resolución a la presente crisis política admite la posibilidad de cerrar el ciclo contrarevolucionario inaugurado con el golpe de Estado de 1973.


La lucha electoral que se libra en el marco de la democracia protegida de las clases lucrativas, tiende a desperfilar la naturaleza del conflicto que se esconde tras la violencia del Estado dirigido por los contrarevolucionarios de 1973, y por quienes de uno u otro modo terminaron fagocitando de los residuos del orden democrático alcanzado en 1970. Examinemos brevemente los hechos y su concatenación orgánica.


En 1970 tuvo lugar una revolución democrática que lideró Salvador Allende junto a la Unidad Popular; se produjo entonces un traspaso de las funciones de gobierno al nuevo núcleo de dirección estatal más no el traspaso del poder.

Ese poder siguió operando y usado como terrorismo de derecha y ultraderecha, donde civiles sediciosos instaron a fracciones de las fuerzas armadas ideologizadas por la doctrina de seguridad nacional a dar un golpe de Estado y restablecer las condiciones para la reproducción de sus capital y de privilegios.La Unidad Popular fue diezmada, sus líderes asesinados y miles terminaron desaparecidos hasta hoy.

La contrarevolución burguesa tuvo éxito al punto que doblegó con el paso de los años a una fracción no menor de las dirigencias de la Unidad Popular, muchos de ellos del Partido Socialista, del MAPU, en aceptar las condiciones de una rendición incondicional, al extremo de garantizar la reproducción de un modelo de explotación del trabajo, los recursos naturales, y un engendro de democracia basado en la aplicación del Estado de excepción.

La correlación de fuerzas o de clases cambió radicalmente en 1973, al instalarse, mediante las armas, una dictadura terrorista del capital, aliada a intereses imperialistas —proceso ampliamente documentado—, y a sectores de la burguesía más antinacional y antipopular. Esa nueva correlación de fuerzas tuvo el poder para torturar, asesinar, hacer desaparecer personas e imponer un Estado a la medida del gran capital, y que se refrendó en la Constitución de 1980, hoy considerada como ilegítima por una gran mayoría de la población.

El orden terrorista impuesto por las clases que acceden al poder total del Estado, junto con diseñar la arquitectura de la opresión legal de las mayorías, impuso un orden económico que permitiese reproducir sus ganancias a niveles desconocidos en Chile transformando la ideología neoliberal en un nuevo credo, la cual fue contando con innumerables acólitos, entre ellos parte de la elite de la Unidad Popular que accedió al precario gobierno en 1990.

¿Termina o se modifica la correlación de fuerzas en 1988 al acceder la Concertación de Partidos por la Democracia a la gestión de estado? No. Llega a su fin la fase terrorista de la contrarevolución burguesa de 1973, y se abre fase de una nueva dominación bajo condiciones de democracia tutelada o protegida que se fue desmontando progresivamente a través de reformas constitucionales. ¡Incluso el presidente Lagos llegó a promulgar una nueva en 2004¡

El Estado de excepción o esa forma de “guerra civil legal” ha sido el modo en que esa correlación de fuerzas mantuvo el control sobre el Estado en última instancia.

En consecuencia, hablar de correlación de fuerzas sólo puede tener sentido si se la concibe como el modo en que bajo condiciones de capitalismo neoliberal —como el que oprime a las mayorías sociales—, permite identificar las formas de lucha que harán posible su alteración. Lo demás simple ilusión.

En el contexto de las intensas luchas que libran movimientos sociales en diversos rincones del país está en el centro la lucha por el poder del Estado, donde se tensionan los equilibrios de poder trabajados finamente por los contrarevolucionarios y aceptados a fin de cuentas por quienes han sido administradores de un orden policiaco, carente de legitimidad, sin participación del pueblo en los asuntos cruciales. Ese modelo hoy está severamente cuestionado.

La tarea de quienes buscan superar la actual correlación de fuerzas que en los hechos equivale a la mantención del orden económico-institucional del pacto Dictadura-Concertación de 1988-1989, consiste en ampliar y profundizar nuevas alianzas sociales, que articule movimiento estudiantil, trabajadores del cobre, empresas portuarias, comunidades campesinas, pobladores, intelectuales demócratas, pequeños y medianos empresarios, y donde nuestras Fuerzas Armadas tengan un lugar en esa nueva correlación de fuerzas, esta vez, no al servicio de civiles del gran capital y sus servidores, sino de apoyo y respeto a la soberanía popular. No más militares presos por crímenes de lesa humanidad, por órdenes dadas desde escritorios de civiles sediciosos aun sin procesar.

Uno de los hitos en el cambio de la correlación de fuerzas es la realización de una Asamblea Constituyente que permita alterar esa correlación en favor de la mayoría ciudadana. Todo lo que se aparte de poner en el centro de la actual crisis la cuestión del poder está destinado a prolongar la agonía del modelo chileno y los costos que demandará poner término a la contrarevolución de 1973.

Reducir la disputa central por el poder del Estado que hoy se libra —primarias mediante y elecciones de noviembre—, es un simple acto de propaganda que rehúye la cuestión de construcción de poder ciudadano para alcanzar un nuevo Estado y un orden democrático de mayorías.

¿QUÉ ES EL NUEVO CICLO POLÍTICO?

La progresiva deslegitimación del sistema político chileno, cuya prueba más elocuente es la retracción de los electores de procesos eleccionarios desde 1997, muestra no sólo un malestar o hastío ciudadano con un orden percibido ajeno y para usufructo de unos pocos; constituye a la vez el proceso formativo de una nueva voluntad popular.


Se ha hecho común hablar que estamos iniciando un nuevo ciclo histórico luego del agotamiento de aquel surgido de los acuerdos Pinochet-Concertación, de 1988-1989. Tal crisis se asocia a los malestares subjetivos de la nueva sociedad chilena, los temores al otro, la desconfianza social, los nuevos miedos del capitalismo globalizado o la modernización vertiginosa que ha traído consigo el mercado. En este cambio se observa confusión.
La derecha ultramontana y neoliberal no alcanza a vislumbrar las dimensiones del cambio que se vive y de modo ingenuo apela a caricaturas de manuales para explicar los motivos de la desafección social hacia las reglas del orden político que continúa su erosión. Y hablan de avanzar a una sociedad más justa como cuando se hace promoción de una marca publicitaria. Por otro lado, los reproductores del orden neoliberal de posdictadura, hacen prestidigitación política y se plantean como nueva mayoría cuando los datos indican que su base social se retrae.
Lo que aún no es posible asimilar por parte de los bloques dominantes, sea por la distancia temporal así como por la cercanía del poder y privilegios asociados, es la detención y contracción física del campo de apoyo que hizo posible su reproducción en tanto clase dirigente hasta hace pocos años. Uno de los condicionamientos estructurales -el Estado- ya no ejercen los niveles de coerción sobre los actores sociales y la masa de maniobra que fue usada para ese propósito. Tal contracción del poder real o de la fuerza de sustentación política se está agotando tanto por cuestiones generacionales así como por emergencia de nuevos proyectos políticos.
¿Cuánto sustrato o materia política del pasado reciente logrará proyectarse en el próximo tiempo que haga posible la proyección de proyectos agotados? De ser posible la reproducción del modelo a través de sus agentes corporativos –Alianza y Concertación– ¿Cuáles serán los nuevos dispositivos de hegemonía cultural y bajo qué condiciones podrá ser usada la fuerza material de esa hegemonía?
Parte de la respuestas que han dado los intelectuales orgánicos del modelo, institucionalizados en universidades, centros de estudios o partidos políticos, es que tal sustrato se afinca en la nueva sociedad de mercado, que genera códigos, símbolos, confiere status, que produce adherencias al orden por esa vía; otros, el bando realista, ve que se agota un modo de acceso al poder y se requiere renovar el repertorio discursivo; ingresar a la guerra de maniobra dentro del campo de batalla neoliberal y retomar del baúl del progresismo las viejas banderas enarboladas desde 1789.
El nuevo ciclo político es, contrariamente a lo observado, un nuevo modo de apreciación de la realidad contingente y trascendente, en gran medida operado por dispositivos que generan rupturas en las interacciones clásicas entre gobernantes y gobernados a través de los nuevas formas de comunicación. Este fenómeno está en la base de la revolución ciudadana que tiene lugar hoy y que escinde a la sociedad y produce a los nuevos sujetos políticos.
Por cierto que los viejos poderes institucionales, incluido los poderes fácticos mercantiles, operan como fuerzas disciplinadoras e integradoras, donde la disputa política que hoy se libra está señalando las formas que adoptará la nueva dominación de cara al cambio que se avizora.
En este cuadro, la presencia de candidatos en la carrera presidencial, como Marcel Claude y su propuesta de restablecer los fundamentos de una sociedad de derechos en Chile frente a la mercantilización de los sistemas, está generado un cerco mediático y de censura de parte de los poderes económicos y políticos que expresan esa tensión. Hasta hoy no había candidatura que tuviera tal arraigo en la juventud al punto que se torna la voz del cambio, y forma de insurgencia ciudadana.
Los perfiles del nuevo momento histórico se pueden distinguir tanto de las reacciones al cambio del orden reinante secretadas por las instituciones de la hegemonía neoliberal así como por el realineamiento de las posiciones de los grupos y fracciones de la sociedad frente a las nuevas propuestas. Se trata solo de líneas, tendencias en desarrollo que configuran lo que podemos denominar ciclo instituyente.

EL ORDEN POLITICO EMERGENTE

Se libra en Chile una colosal contienda de una larga confrontación iniciada en los inicios del siglo veinte, que inclusive hunde sus raíces en los orígenes de la república, la cual no es otra que la disputa entre mayorías y minorías, entre elites oligárquicas y mayorías sociales, entre custodios del orden de privilegios y partidarios de la emancipación social y nacional.


En el contexto del debate que está teniendo lugar sobre la recomposición de alianzas políticas de la posdictadura bajo un gobierno de las elites dominantes, cabe precisar y distinguir qué es simple retórica y qué constituye lo emergente del aparente reacomodo de fuerzas.
Una primera afirmación: desde los orígenes de la república, las agrupaciones “partidarias” o corrientes políticas que han diseñado, reformado y utilizado el Estado, la gran mayoría sino todas han sido expresiones colonizadas doctrinariamente por credos políticos eurocéntricos en sus diversa variantes, pasando, desde luego por la forma norteamericana. O son facciones afrancesadas, americanizadas, rusificadas, entre otras. Esta colonización que ha inspirado la acción política de quienes han buscado representar a la sociedad, los ha transformado en partidos subalternos y seguidores de opciones doctrinarias que poco o nada han tenido que ver con las realidades sociales de las mayorías sociales latinoamericanas.
Segundo: el siglo veinte marcó una inflexión en la búsqueda de la inclusión de las clases sociales emergentes en el capitalismo naciente y se rompe el desequilibrio hacendal irrumpiendo las clases populares a través de formas orgánicas que buscan representar al soberano excluido en el orgánico modo no oligárquico.
Tercero: La restauración conservadora del orden oligárquico, en 1973, que retrotrajo a Chile al siglo diecinueve, en términos de las condiciones impuestas a los vencidos, ha generado un cuadro crítico que hoy se expresa en la subjetividad como crisis en la política, y que reinicia un nuevo ciclo o proceso instituyente.
Cuarto: Lo que aparecía como una verdad cierta o políticamente correcto ya no lo es. La propia dinámica del modelo operativo constitucional y los efectos del orden electoral, han creado las condiciones para la centrifugación del centro político, que se ve ante la disyuntiva de optar por posicionarse en las facciones de la derecha oligárquica – léase Alianza, o en la derecha reformista – léase Concertación- o girar a la opción de izquierda.
Quinto: El cuadro político está polarizado entre partidos colonizados, por un lado, y opciones que se inscriben en los actuales procesos de globalización latinoamericana afincados en respeto a las mayorías sociales, los derechos humanos, la interculturalidad, y la democracia del soberano, es decir el pueblo real, no el constitucional.
Ciertamente que estamos en los inicios de esa transformación. De los entendimientos políticos que se alcancen la promesa de una nueva independencia será posible y el tránsito a la descolonización partidista tan necesaria estará más cerca.
Los partidos de las grandes empresas y transnacionales, como Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, saben que su arraigo es cada día más precario y se niegan a perder posiciones de privilegio. Los partidos de la Concertación, tras su paso por la estatalización, son parte del orden modélico y potenciales reformadores.
Luego del 30 de junio, cuando queden en la contienda electoral Michelle Bachelet, Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Marcel Claude, entre los principales exponentes de las fuerzas de lo nuevo y lo viejo, afloraran los fantasmas, a la vez que se estará en los inicios del proceso de descolonización partidaria.

FUERZAS ARMADAS Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En el contexto del debate sobre la conveniencia de llevar a cabo una asamblea constituyente en Chile, que tiene por propósito generar un nuevo entendimiento o contrato social, cabe pensar el rol de las fuerzas armadas en ese proceso, que no es otro que garantizar el fiel cumplimiento de la voluntad popular y de la nación.

A casi cuarenta años del golpe militar, promovido por civiles contrarios al gobierno de la Unidad Popular, que contaron con el respaldo de sectores militares altamente ideologizados por la doctrina de seguridad nacional, y que en definitiva hizo posible la usurpación del poder de manos del soberano, es decir, el pueblo, sigue teniendo lugar la emergencia de la necesidad de restituir la facultad constituyente al único poder real sobre el que se asienta toda la estructura jurídico-institucional estatal.
Este debate, que se prolonga desde el mismo día en que fue instalado un régimen terrorista apoyado por civiles, y quienes a la postre, impusieron nuevas condiciones jurídicas para la reproducción de sus privilegios, no ha tenido término. La ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980, nacida en medio de un Estado de excepción, y que por razones de realismo fue aceptada por quienes pactaron con los representantes de la dictadura, en 1989, las condiciones de la asunción al gobierno, en 1990, no ha logrado ser revertida de la conciencia nacional, y representa un severo déficit del orden posdictatorial erigido por el bando que aplastó con las armas a un gobierno electo democráticamente.
Con seguridad, quienes visten uniformes de nuestras Fuerzas Armadas, deben haber reflexionado acerca del grave daño ocasionado por quienes las llevaron a cometer las más graves violaciones a los derechos humanos y que costó la vida de más de 3000 chilenos y chilenas, y largos juicios a militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Esa tragedia nacional por cierto nadie la puede recordar como una epopeya gloriosa o como un acto de libertad. Es y será recordado como una herida que sigue desgarrando al pueblo de Chile que el tiempo irá curando. Pero no sólo el tiempo. Es preciso restablecer el consenso nacional.
Pero no un acuerdo entre elites y fracciones de la misma clase dominante, esa que ha perdido legitimidad y solo se ampara en la coacción, debido a su incapacidad para generar adhesión consciente en la sociedad, a su crisis de hegemonía.
Es necesario un acuerdo de mayorías, donde el soberano, el pueblo, en tanto único depositario de la voluntad de la nación defina cómo desea seguir habitando Chile y trazando su futuro. El orden político se debe sustentar en un contrato social legítimo, de lo contrario, perdura un orden inestable abierto a potenciales revueltas futuras.
Las fuerzas armadas son esencialmente obedientes y no deliberantes, y deben ser parte fundamental en garantizar que la voluntad del soberano se exprese libremente. Toda invocación a desvirtuar ese rol nacional constituye un acto de sedición condenable y debe ser, en consecuencia, punible.
Pretender que las fuerzas armadas son patrimonio de una fracción de la sociedad, es una visión reduccionista que sólo puede traer negativas consecuencias para el normal desarrollo y fortalecimiento de la democracia que se conquiste con la Asamblea Constituyente que tendrá lugar, más temprano que tarde en Chile.

LO VIEJO NO MUERE Y LO NUEVO NO PUEDE NACER

Vivimos una situación política extraordinaria en la que tiene lugar una intensa confrontación entre los residuos político-ideológicos que se proyectan desde el pasado y la emergencia de las nuevas propuestas que se confrontan con aquello. Son ocasiones que producen un cambio en la forma de apreciar la realidad, y que lleva a la resolución de la tensión que se denomina crisis o revolución.


Esta constatación que parece obvia para muchos en las actual coyuntura política, no lo es para la mayoría social, pues operan dispositivos de control que buscan evitar la recomposición de las fuerzas que mueven hombres y mujeres en la historia.


En un texto que no ha perdido vigencia, Marx señalaba: “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal” (Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte); perspectiva que a inicios del siglo 20, Antonio Gramsci continuó elaborando, esta vez desde su enfoque de la hegemonía. Como escribió: “Si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías tradicionales, no creen más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos” (Pasado y Presente).


Puede afirmarse que luego de la contrarrevolución conservadora, que tras una insurrección armada derribó al gobierno de Salvador Allende, en 1973, promovida por las clases privilegiadas de entonces, experimenta severos problemas de estabilidad que amenaza no sólo el patrón de acumulación y reproducción del capital, sino la propia posibilidad de reproducción de la las fracciones dirigentes (elites) de la sociedad. Y este proceso está estrechamente relacionado no sólo con el término de una fase de hegemonía político-cultural, sino con la ruptura en la capacidad condicionante de los sistemas de coerción social, emergiendo la posibilidad de su transformación.


Pero no la transformación que proclaman las elites dominantes, reproductoras del orden neoliberal, que “conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado”; algunas lo harán invocando la figura de Allende, de los compromisos de la política chilena, las “tradiciones democráticas”, una nueva constitución, los consensos; otros, el espectro de Pinochet y Guzmán, la estabilidad; unos para afirmar su identidad en la izquierda, otros, para generar miedo. Y se trata de un mismo bloque, cuyas fracciones han pasado de la fase estatal terrorista (dictadura), dirección de la sociedad en la posdictadura (Concertación / Alianza), y clases dominantes en la etapa de crisis que vive el orden institucional.


El cuadro político en desarrollo señala que el núcleo dominante enfrenta la posibilidad de no reproducirse nuevamente y dar paso a uno nuevo bloque político-cultural.


El modo en que las clases dirigentes resolvieron la crisis de hegemonía en 1973, desde luego es una variante posible que no debe ser subestimada en el análisis de la realidad, y ello dependerá no sólo del tipo de orden y hegemonía que se haga sentido común, sino de la construcción de poder ciudadano y desarrollo de nuevas fuerzas sociales dirigentes.


La crisis que vive Chile se expresa nítidamente en la fractura generacional que escinde lo viejo y lo nuevo, que se opone a la reproducción estructural del capitalismo y el orden de mercado. Esa crisis es la que lleva a que los jóvenes no crean en el sistema político y donde los llamados representantes sólo logran ser elegidos por minorías sociales, amparados en un orden hecho a su medida y beneficio.

En consecuencia, la disputa que se libra hoy es, por un lado, entre fracciones de la clase dominante -incluida la Concertación-, y la gran mayoría social. En este contexto, la elección presidencial de noviembre de 2013, es sólo un paso en el desarrollo de la crisis cuyos perfiles son aún difusos.


Las candidaturas presidenciales que no forman parte del proceso de reproducción sistémica o modélica, como la de Marcel Claude, Roxana Miranda, Gustavo Ruz, expresan el nuevo sentido común, que de modo diáfano experimentan los jóvenes, quienes han percibido el tipo de orden heredado por las generaciones que hoy invocan a los espíritus del pasado para mantener privilegios e intereses.


Más allá de la contienda electoral, el escenario próximo es de reestructuración de hegemonías y en ello las nuevas generaciones ya dan pasos promisorios, como Los Libres del Sur, Fuerza Nueva, Izquierda Autónoma, Revolución Democrática o el Frente de Estudiantes Libertarios.


 

REBELION ANTINEOLIBERAL

A propósito del debate que se ha instalado sobre la legitimidad de la violencia cuando un pueblo es sometido a vejaciones por una dictadura terrorista, parece indispensable apuntar que las luchas sociales y democráticas libradas por un pueblo, lejos de ser manipuladas partidistamente se mueven y expresan mucho más que las limitadas capacidades de quienes pretenden dirigirlas.

Es cierto que diversos partidos y movimientos sociales enfrentaron a la dictadura del general Pinochet para ponerle término, haciendo uso de las más diversas formas de lucha, incluida la armada, gesta patriótica que permitió detener los crímenes atroces perpetrados y abrir paso a un proceso de transición pactada entre los sostenedores de aquella dictadura, hoy gobernantes y congresistas, y quienes se valieron de aquella violencia solapadamente para instalarse como los administradores del nuevo orden guzmaniano.

Y por años se han erigido como los promotores de una democracia ejemplar, modélica, de mayorías. Al costo, desde luego, de esconder las vergüenzas de no haber enfrentado dignamente la suerte corrida por los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, los cientos de miles de torturados, de no haber juzgado a Pinochet. Y que hablar de los jóvenes que perdieron su futuro, o los estudiantes universitarios endeudados de entonces que sufrieron persecuciones económicas por deudas que les prometieron acabarían. Como hoy.

Hoy se escandalizan y rasgan vestiduras por la reivindicación del uso de las armas durante los años del miedo quienes en el pasado instaron a los militares a derrocar a Salvador Allende, mismos que callaron por años sus crímenes o los ocultaron.

Lo que debe ser puesto en su lugar es que fue el pueblo en su amplia heterogeneidad, diversidad y amplitud, quien finalmente enfrentó a la dictadura. Nadie, en consecuencia, tiene el derecho de arrogarse la representación de ese pueblo armado con su dignidad y sus esperanzas. Su derecho a la rebelión excedió lejos lo que canonizan los manuales y se funde con las raíces históricas de las luchas del pueblo mapuche en contra de la dictadura imperial española.

Desde esta perspectiva, resulta impropio establecer parámetros de valor para juzgar las luchas por la libertad, sea antes del pacto que abrió paso la derrota moral de 1988 o después. No existen buenos y malos rodriguistas, o luchadores que actuaron correcta o incorrectamente. Ambos merecen el reconocimiento de la historia.

Esto para muchos puede ser disonante y extemporáneo, pero es la dignidad perdida la que impide apreciar el valor de quienes dieron sus vidas por la justicia social y la libertad, al igual como admiramos a los padres de la patria o los libertadores de América Latina.

Por lo anterior, nadie podría arrogarse la conducción de las actuales luchas y rebeliones antineoliberales que recorren el país y que anuncian la recomposición de la memoria democrática chilena. Todos los movimientos sociales que exigen sus derechos, que se ponen de pie, que han dicho basta, representan la búsqueda de un nuevo país y de liderazgos que no vacilan en decir las cosas por su nombre.

EL NUEVO CAMPO DE FUERZAS

Muchos intuimos que en Chile anida una crisis política de envergadura en un futuro próximo, cuyas proyecciones y consecuencias aún resultan imprevisibles; sabemos que el material que la compone está próximo a alcanzar la calidad que la catalice. La cuestión de fondo o central no es cuándo o de qué modo tendrá lugar, sino cómo ha de ser conducida y quiénes lo harán.

Resulta pueril hoy dar cuenta de los perfiles del momento que vive el orden establecido; las pruebas que dan cuenta de modo elocuente de ello están por doquier y se encuentran en encuestas, manifestaciones sociales, crisis del sistema de educación superior, erosión casi completa de la legitimidad de los parlamentarios, corrupción de autoridades públicas en temas ambientales, sólo por citar algunas. Un examen del campo de fuerzas permite observar las tendencias y adelantar los posibles escenarios de la crisis en desarrollo.

Puede observarse, en primer lugar, la presencia de niveles de polarización social y política que se alimenta de la continua secreción de desigualdad que genera el modelo neoliberal que impera desde la dictadura. Esta polarización modélica no ha sido modificada o superada, y los gobiernos de posdictadura se han mostrado incapaces de enfrentar, principalmente porque comparten supuestos esenciales del tipo de capitalismo y democracia que la hace posible.

En segundo término, se constata una tensión entre las fuerzas emergentes y las declinantes, con diferenciales de poder apreciables. Las primeras, nucleadas o articuladas en torno de las nuevas expresiones sociales, que expresan los cambios impulsados por el mismo orden, siendo los estudiantes el grupo más compacto, junto a movimientos sociales regionales, ambientalistas, barriales, del nuevo sindicalismo, entre otros. Las fuerzas declinantes, con un aparente poder derivado de la derrota moral de 1988 o de la victoria sobre los vencidos, han demostrado principalmente apego al poder y a sus beneficios, e incapacidad para comprender los anhelos de la mayoría ciudadana.

En el marco de la actual coyuntura política, signada por la carrera presidencial, la cuestión capital no es si el problema es la derecha o que la Concertación retorne al poder: consiste en saber de qué modo la emergencia de nuevas fuerzas políticas se constituirán en factores de poder en el nuevo ciclo que nace y cómo se enfrentará la polarización y la crisis de legitimidad que corroe el sistema político. Por tanto, han de tenerse presente las cuestiones tácticas y las estratégicas.

Cabe entonces apuntar que la cuestión presidencial es un momento táctico, un paso, que no altera necesariamente la situación, pensando por ejemplo, que uno de los candidatos de las fuerzas declinantes asuma el gobierno. El modelo sigue en pie. El problema no es entonces la unidad para derrotar a la derecha. Por cierto este escenario experimentaría un cambio central si, por ejemplo, un candidato de las fuerzas emergentes alcanza la dirección del Estado.

En consecuencia, es el proceso de construcción de fuerza social y política la estrategia que se abre paso con la astucia propia del cambio histórico. Y ese proceso, que es constitutivo de la lucha democratizadora del pueblo de Chile, trasciende la coyuntura y se proyecta como posibilidad en el nuevo contexto de cambio latinoamericano.

2013: ¿QUÉ HACER?

La elección presidencial y parlamentaria de 17 de noviembre de 2013 constituirá un momento de inflexión político-generacional en el prolongado experimento neoliberal aplicado en 1973. Esta inflexión, empero, no estará exenta de tensiones, que a su vez anidarán potenciales conflictos de futuro. Examinemos algunas razones.

Un preámbulo necesario. Tras los acuerdos entre Pinochet y la Concertación de concordar en la mantención del orden económico y político, basado en la ideología neoliberal, comenzó a desarrollarse lo que puede denominarse una acción político institucional sistémica, es decir, operar con arreglo a la lógica modernizadora imperante y a su racionalidad instrumental. Todo vale para alcanzar los objetivos económicos y de gobernabilidad del posconflicto. Es justo decir que la Concertación tuvo en esto una actuación sobresaliente.

Toda la práctica gubernamental y legislativa se ordenó en torno de las factores de poder que permitieron la reproducción de los engranajes que dieron vida y dinamismo al sistema de producción y reproducción de privilegios para las minorías, mismas que participaron del reparto de los despojos del estado destruido en 1973, y que se enriquecieron con las empresas públicas privatizadas, construyeron universidades-empresas, se apropiaron de las millonarias cotizaciones previsionales y tranzaron en la bolsa para principal provecho propio, o lucraron con la educación pública. Reparto en el que también participaron activamente los actores neo-sistémicos o nuevos conversos de la Concertación, sea por conveniencia o por convicción.

En el mismo eje temporal, pero en estratos diversos, tuvo lugar una emergente pero sostenida acción política no institucional, esta vez proveniente de la acción colectiva autónoma y de los movimientos sociales.

Desde el mismo día en que se instaló el primer gobierno de posdictadura, comienza la acción política de los actores no sistémicos, y así el país se fue informando de la depredación ambiental, de la colusión entre política y empresas, del lucro en la educción, de las demandas de los mapuche y otros pueblos originarios, del robo de agua por parte de empresas ligadas a integrantes de Concertación y la Alianza, de las violaciones al medio ambiente por parte del Estado, de la corrupción en los servicios públicos con aquiescencia de las más altas autoridades, y una interminable nómina de abusos que organizaciones ciudadanas han tenido el coraje de poner en la agenda pública, pese a sufrir persecuciones, malos tratos e inclusive formas de violencia.

En un escenario político como el que ofrece el 2013, habrán de enfrentarse electoralmente estas dos opciones, las cuales pueden plantear matices pero que en lo esencial no alteran el cuadro en desarrollo: por un lado, habrá acción política sistémica conservadora, y propuestas de acción sistémica reformista; la primera, ejercida por los partidos de las empresas y herederos de la dictadura, los segundos, por los partidos de la Concertación que reprodujeron el modelo neoliberal e intentaron humanizarlo sin éxito.

Por otra parte, se han venido conformando proyectos políticos que han emergido en la posdictadura y sacado lecciones de lo observado. Estos nuevos actores y sus prácticas, como de jóvenes agrupados en Revolución Democrática e Izquierda Autónoma; PAIS, MAIZ, Partido Igualdad, por citar a los mas recientes y de prácticas nuevas, se localizan más en un eje de acción política no institucional, aun cuando ya han debido enfrentar el escenario de las reglas heredadas de la dictadura retocadas pero no alteradas por la Concertación, como el tema electoral.

La elección de noviembre de 2013 exigirá a los potenciales competidores, sea en la arena presidencial o parlamentaria, adoptar definiciones claras frente a una sociedad exigente que dijo basta en octubre del año pasado y se abstuvo de dar su voto a los mismos de siempre y optó en casos emblemáticos por el cambio ciudadano, como en Providencia.

La cuestión que tensionará el cuadro será el enfrentamiento de dos lógicas y de dos estilos de comprender la política del siglo 21 en Chile: aquella que buscará reproducir el proyecto neoliberal y su orden de privilegios para minorías, o aquel que buscará superarlo. Puede suponerse a priori que los actores sistémicos conservadores harán lo que esté de su lado para preservan privilegios, con un gran poder para lograrlo dado los amplios recursos de que disponen. Respecto de los actores sistémicos reformistas, es aún prematuro proyectar comportamientos, toda vez que no es conocido su candidato/a ni el programa que llevará a cabo ni menos quienes formarán parte de un posible gobierno.

Las opciones del primer grupo se ven menguadas dada la baja aprobación ciudadana de la Coalición y de su falta de defensa de ideas propias. Las opciones de la segunda, que supuestamente corre segura por la magia de las encuestas, es aun más incierta, pues no se ven anuncios de enfrentar el proyecto neoliberal en toda la línea, no entendiendo la voz del pueblo.

Cuando se plantean la opción de ampliar el arco político para sustentar un gobierno de mayoría, los actores sistémicos reformistas deberá echar mano a los actores políticos no sistémicos, lo que de concretarse traería consigo grandes tensiones a futuro, pues las lógicas de acción política de ambos son de aleaciones muy diversas.

En consecuencia, el campo de lucha política y social de 2013 es entre dos proyectos en torno a una contradicción central: o se reproduce o se transforma el proyecto neoliberal (orden económico e institucional), se resuelve la contradicción entre democracia de mayoría y participativa y democracia de unos pocos y elitista.

Las decisiones que los actores incidentes adopten en los próximos meses habrán de considerar, por ejemplo, si alcanzar un escaño en el Congreso Nacional constituye un acto de legitimación y reproducción del orden institucional o es un acto de transformación; si formar parte de un gobierno de reformas reproduce o transforma. Y algunos partidos deberán decidir si se suman al proyecto conservador o asumen su vocación reformista o asumen su vocación transformadora no sistémica.

En tanto, en las calles y en los intersticios de la sociedad real, seguirán anidando las propuesta que hagan viable el camino que permita retomar la senda trazada por los padres de la patria, los luchadores de la democracia y la justicia social.

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