LOS FRACASOS DE UNA GENERACIÓN

Es duro decir las cosas por su nombre, pues la costumbre es eludir los costos asociados a las responsabilidades asumidas y al juicio de la historia: las generaciones que han liderado los cambios desde los años sesenta a la fecha son generaciones fracasadas, pues, incapaces de superar sus traumas personales y colectivos, han intentado dar muestras de una madurez que sólo ha terminado favoreciendo sus intereses creados.

Si se examinan los hechos y observan panorámicamente, deberá consentirse en que estas derrotas experimentadas, no sólo son políticas, son esencialmente éticas. No fue suficiente tener que cargar duros sacrificios e inmolaciones en nombre de ideales, sino además tornarse actores de la reproducción de un orden de injusticias y arbitrariedades, frente al cual no tienen posibilidad de renegar.

Aquella generación está vinculada por afectos y complicidades desde hace más de 50 años, y sus desaciertos son, en consecuencia, compartidos.

Es la generación que llevó adelante la "Revolución en Libertad", que lideró el padre de un ex presidente de los años noventa. Aquel gobierno, en primer lugar, resultado del apoyo de los Estados Unidos para frenar el comunismo, no logró satisfacer los grandes anhelos de justicia que demandaba la mayoría del pueblo de Chile. El mesianismo democratacristiano de entonces, terminó con esa generación dividida y derrotada políticamente en 1970.

Con el triunfo de la Unidad Popular aquella generación lideró un proyecto que fue incapaz de gobernarlo, además que no tuvo el valor para enfrentar los desafíos de defender un gobierno popular. Esa misma generación, llamó a los militares a derrocar al gobierno de Salvador Allende.

Parte de esa generación, luego del desalojo del poder, es encarcelada, asesinada, exiliada; y sus seguidores debieron hacer frente a adversidades inimaginables. Esta vez, la generación, lejos del ruido de la muerte, soñaba como retornar al poder nuevamente, imaginando mundos mejores. Y estaba dispuesta a cambiar porque había que demostrar y sentido de responsabilidad y gran realismo.

Quienes debieron hacer frente a la dictadura legada por aquella generación, en muchos casos entregaron sus vidas, perdieron sus estudios, fueron relegados, torturados, sólo con el propósito de poner término al horror de la dictadura militar y alcanzar un orden democrático.

Una vez más, la misma generación, esta vez reconciliada entre sí, incapaz una vez más de superar sus miedos, en el escenario de los años ochenta, y a la hora de decidir sobre el destino del dictador luego del 5 de octubre de 1988, opta por pactar una salida deshonrosa que significó mantener a Pinochet como Comandante en Jefe y posteriormente senador vitalicio. Ello sin considerar que junto con la Constitución de 1980 "reformada", habían comprado el modelo económico neoliberal impuesto por los Chicago Boys.

Por 20 años parte de la sociedad que había luchado por poner fin a la dictadura reprodujo su poder político, a la vez que era reiteradamente oprimida por las mismas políticas de sus líderes. Los limitados avances democráticos obtenidos, los escasos juicios a los violadores de derechos humanos, el apoyo irrestricto a toda forma de privatización y la permanente aquiescencia a los dictámenes de los poderosos, junto con la apelación al miedo, simplemente socavaron sus cimientos morales.

Finalmente ¿qué deja aquella generación? Un perfecta inconsistencia en el decir y el hacer, un pertinaz acomodo y gusto por los privilegios, y un país entregado a transnacionales, sin sus riquezas básicas en manos de los chilenos, con una sociedad librada al consumo arengada con una falsa ilusión a la igualdad. Una sociedad a la deriva.

La irrupción de las nuevas generaciones expresan una invocación al pudor político que se habría extraviado en la generación de los fracasos y la metamorfosis.

Las luchas democráticas que se libran y librarán en el país ya están siendo en contra de aquella generación. Por cierto, conociendo sus perfiles, habrá que ser precavidos para evitar las trampas que está poniendo en el camino de los cambios que las generaciones que emergen demandan.

SIN MOVILIZACIÓN NO HABRÁ CAMBIOS

El gobierno reformista de la Nueva Mayoría ha prometido llevar adelante un programa de cambios que pueden alterar el curso del proyecto neoliberal que hasta hace poco sostenían no pocos ex concertacionistas. No obstante, prevalecen lógicas de continuidad del elitismo despolitizador que opera como lastre en circuitos del poder gobernante.

En un contexto en donde se intenta gobernar con los viejos grupos de poder político, aislados de la sociedad civil, como se observa en la reforma educacional y el intento por excluir a los estudiantes del debate o en la reforma previsional, la estrategia de la movilización ascendente, multiforme, democrática, institucional y no institucional parece ser el modo en que la astucia de la historia se abre paso para poner término a un modelo diseñado en dictadura.

Si observamos detenidamente el cuadro político desde la instalación de la Nueva Mayoría en el poder del Estado, no se aprecia una recomposición de complicidad en torno a proyectos de cambio estructural como los señalados en el programa de gobierno. Las reformas más simbólicas que apuntarían al desmontaje de aparatos y sistemas de control y disciplinamiento social hacia las reglas de un orden naturalizado fundado en el espejismo del mercado, adolecen de fuerza comunicacional, no logran persuadir de sus bondades, quedando como engendros de campaña que podrían ser abortados a la primera contracción derivada de la acción colectiva.

La política dispone del escaso tiempo para seducir con sus bondades de orden y eventual bienestar social; pero el tiempo es escaso y más allá de los avatares de la vida se hace urgente decantar qué se quiere realmente para Chile, qué proyecto se espera construir y con quiénes.

Como siempre ha sucedido, la formidable expresión de poder ciudadano demostrado nuevamente en las calles de Chile por el movimiento estudiantil, nos recuerda una vez más que no existen cambios sin movilización, sin acción ciudadana.

Poner término al orden institucional autoritario y de mercado que traza la Constitución de Pinochet-Lagos, es por cierto la mayor de las tareas que tiene por delante la sociedad civil chilena; siendo los eslabones débiles de la cadena las reformas limitadas a sistemas funcionales, como las que hoy son cuestionadas por el movimiento estudiantil y sindical.

A dos meses de iniciado el nuevo gobierno emergen indicios que señalan la formación de una nueva voluntad transformadora, no recluida en gabinetes ni circuitos de poder.

La vieja idea de concordar en un nuevo pacto o contrato que permita sustentar un nuevo orden democrático requiere perspectiva y generosidad. El actual gobierno, aun cuando se presente como instituyente de un nuevo ciclo, no lo es por cuanto aquello supone convergencia estratégica entre actores estatales y no estatales, y no disponer de ese material cuya inexistencia se expresa como déficit crónico: la audacia.

Puede ser el sentido de nuestro tiempo, puede ser lo posible, pero se dibujan las tendencias que marcan el escenario de los próximos años.

LA CIUDADANÍA Y EL NUEVO CICLO

La sociedad que ha emergido tras la revolución conservadora impuesta por los ideólogos neoliberales en el viejo régimen, y proyectada en la restauración democratizadora, aún observa con incertidumbre las líneas maestras del nuevo gobierno que trazan una transformación estructural. A diferencia del ciclo restaurador de posdictadura, hoy se requiere del protagonismo ciudadano y de la convicción democrática de quienes lideran el actual proceso político.

¿Cómo conciliar los intereses contrapuestos, propios de un orden democrático, entre Estado y sociedad civil, y establecer bases estables para dar curso a las anheladas transformaciones estructurales que el programa de gobierno de la Nueva Mayoría anuncia? ¿De qué modo la sociedad civil, el nuevo asociacionismo democrático, es genuinamente integrado a los procesos decisionales, no como masa de maniobra, legitimadora de acuerdos adoptados en las elites sino como protagonistas legítimos de la formación de una nueva realidad?


Junto con seleccionar prolijamente al personal que llega a la gestión de procesos administrativos en el Estado, que reúnan perfiles de probidad, solvencia técnica, convicción democrática y genuina vocación pública – cuestiones no siempre observables- , parece necesario abordar la cuestión de las prioridades políticas orientadas a viabilizar formas nuevas de relación Estado/sociedad en la línea de transformación estructural que señala el programa de gobierno. No aplicarse a tan central tarea, puede abrir paso al desarrollo próximo de acciones colectivas no institucionales, como caminos prevalecientes como medio de escucha y presión . Esto no implica que estén ausentes por la presencia de modos institucionales, no obstante, podrá orientarse el potencial democratizador de la sociedad civil que permita la construcción de acuerdos y el desarrollo de políticas públicas, especialmente las vinculadas a derechos ciudadanos, inclusión activa en gestión pública local y regional y, particularmente, en los procesos deliberativos conducentes a la redacción de una nueva Constitución Política.


Se ha apuntado en el programa de gobierno que “recoge la demanda nacional por una Nueva Constitución Política para Chile a impulsar en un proceso democrático, institucional y participativo que permita alcanzar este propósito”. ¿Cómo debe entender la ciudadanía el que sea un proceso democrático, institucional y participativo? Por cierto, se trata de una definición genérica, que requiere dotarse de contenido, y lo debe hacer en poco tiempo político.


Más allá de los avances trazados en el programa que buscan hacer sustantivo el “proceso”, es relevante que las nuevas autoridades y las organizaciones de la sociedad civil valoren los alcances que la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación ciudadana en la gestión pública, promulgada en febrero de 2010, y tramitada por años, luego de un trabajoso e incomprendido proceso por parte de fracciones de la elite política parlamentaria y del ejecutivo. En efecto, esta ley, contiene importantes dispositivos que pueden apoyar la operativización de los debates nacionales, regionales, locales, barriales, de los grandes temas que la sociedad demanda sean deliberados en los espacios públicos, y por el que apoyaron el programa de la Nueva Mayoría.

La responsabilidad por cumplir con las normas legales votadas por el Congreso hoy recaen en ministerios específicos, los cuales están a tiempo de procesar información y trabajar el plan que haga real la formación del nuevo ciclo. Estos ministerios son en orden de importancia el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pues debe articular acuerdos políticos para la generación de normas complementarias que amplíen las esferas de acción y deliberación ciudadana, como por ejemplo, “perfeccionar y ampliar los mecanismos de participación comunal, mejorando la legislación que establece los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como política pública los Fondos Concursables y presupuestos participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre consultas ciudadanas y plebiscitos”, establecidos en el programa.


Por otra parte, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, responsable del proceso de descentralización y de adopción de los mecanismos de inclusión ciudadana en las deliberaciones conducentes al nuevo acuerdo constitucional. Cabe a esa repartición establecer un nuevo trato con la sociedad civil y sintonizar con la agenda de la nueva administración. Como dice el programa: “Una de las demandas más importante de los ciudadanos, las organizaciones sociales en los territorios, las regiones y también los municipios, es participar en la toma de decisiones sobre los temas que les afectan o incumben directamente”.


Finalmente, la Secretaría de Gobierno tiene un rol relevante a través de la División de Organizaciones Sociales en la operacionalización de un plan que permita concordar una agenda democratizadora con la sociedad civil, el espíritu transformador del nuevo gobierno. La política de elite, a espaldas de la gente, ha concluido. Las formas populistas, de creer que el mensaje lo es todo, las rencillas palaciegas, en verdad no le importan a nadie a estas alturas.


Una correcta comprensión de la ley 20.500, no sólo por parte de autoridades de Estado, sino por líderes de movimientos sociales, redes y organizaciones, colectivos virtuales y no virtuales, puede hacer la diferencia entre un gobierno de nuevo tipo o un quinto gobierno del viejo ciclo de posdictadura. Es perfectamente viable el uso de la Ley para integrar en un plan nacional concordado entre estado y sociedad civil, los contenidos a deliberar en los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, en los Consejos de la Sociedad Civil del Estado, y en los instrumentos construidos a la fecha que buscan modificar esta asimetría de poderes en Chile. Y temas hay varios: educación, previsión, reformas tributarias, constitución.


Los dados están echados, y dependerá de la vocación democrática y la visión de un Chile que se inserta en los procesos latinoamericanos democratizadores, lo que haga la diferencia en el modo en que se resuelva la crisis a enfrentarse en 2017

LA DECISIÓN DEL PC

Enfrentado a la crucial cuestión de responder si se debe ingresar al gobierno del Estado como parte de la coalición Nueva Mayoría, el Partido Comunista habrá de considerar la experiencia histórica de haber sido parte de dos gobiernos anteriormente, y evaluar costos y beneficios asociados.

Responder a esta decisión exige analizar las actuales condiciones políticas y el desarrollo acelerado de una nueva situación, que puede ser comprendida como el inicio del fin del modelo político institucional impuesto a sangre y fuego por las fracciones antinacionales y antipopulares más reaccionarias del capital en Chile.

En primer lugar, se ha producido un colapso de la derecha pinochetista, que experimentaron los efectos de la emboscada perfecta de Piñera, al instalar a una candidata perdedora, demoler moralmente a los cómplices pasivos de la dictadura y realizar actos y operar políticas que conforman un nuevo espacio para la derecha que emerge. Los núcleos del pinochetismo seguirán protegidos en el congreso que los ha reproducido por más de 20 años, pero su poder irá decreciendo hasta ser marginal a mediano plazo.

En segundo lugar, el bloque Nueva Mayoría, expresa nuevas relaciones de poder internamente, pues no sólo se renueva liderazgos y son desalojados los residuos de la vieja transición y de la política de los consensos, además se conforma un nuevo modo de apreciar la realidad que opera y condiciona desde las calles el actuar político. La música de la marchas y de la rebeliones populares locales y regionales exige nuevos comportamientos a quienes deseen mantener su poder.

En tercer lugar, en el campo social se han constituido modalidades asociativas que rompen con las lógicas de acción colectiva de antaño, que acumulan poder desde fuera de los ámbitos de reproducción de clientelas lo que da cuenta de nuevos poderes políticos –actuales y potenciales- en formación.

En cuarto lugar, la cuestión central es sobre la restitución del poder constituyente usurpado al soberano y a su ejercicio activo a partir de marzo de 2014. No es si las universidad es más o menos pública, o la AFP es estatal o la Isapre. El centro del asunto está, junto a la cuestión de la soberanía popular, en apuntar a los factores que hacen posible la reproducción y circulación del capital del modo salvaje como opera en Chile, por tanto la cuestión de la propiedad de los medios y la acumulación de capital es la línea divisoria, el debate de fondo.

El PC deberá hacer un ejercicio de recuperación de memoria y sobre esa base actuar. En el gobierno de González Videla experimentó la primera represión en los inicios de la guerra fría; durante el gobierno de Salvador Allende, tras el golpe de Estado vivió la aniquilación cruel y cobarde de parte de la guerra fría neoliberal. Deberá sacar las lecciones de tan duras experiencias.

Más allá de la decisión que adopte, el nuevo escenario político estará signado por las luchas políticas que se darán dentro del orden constitucional del viejo régimen y las luchas ciudadanas en contra y fuera del orden institucional. Serán los costos de 40 años de opresión y desidia de los grupos dirigentes. Será un parto de la nueva historia que comienza.

DERRIBAR EL MURO

Se vive un proceso de descomposición política de la derecha pinochetista, misma que por años ha sostenido la legitimidad de las violaciones de los derechos humanos en dictadura y profitado de la usurpación de bienes públicos para su enriquecimiento durante décadas, que se ha sostenido en el poder, primero usando la violencia terrorista apoyada por fracciones de nuestras fuerzas armadas desleales al gobierno de la Unidad Popular, y luego, gracias a la institucionalidad antidemocrática propuesta por Jaime Guzmán.

Esa derecha está en fase de colapso y sustitución, lo que abre el campo para el inicio de las transformaciones anheladas por la mayoría ciudadana.

Los resultados de la elección presidencial de noviembre pasado no solo han señalado con claridad el respaldo de la mayoría nacional a las propuestas de cambiar las reglas que sostienen el actual modelo político y económico; a la vez dan cuenta de una modificación en sus preferencias, donde se aprecia un quiebre en la continuidad del pinochetismo político, la emergencia de nuevos liderazgos de fuerte arraigo social y la conformación de un bloque político transformador de mayor amplitud que la extinta Concertación, creándose las condiciones para avanzar hacia nuevos niveles de democracia y justicia social que permitan derribar el muro levantado en la guerra fría chilena.

Por cierto que el muro contra el cual han luchado cientos de miles de estudiantes, movimientos sociales locales y regionales, organizaciones sociales en múltiples temáticas, ha sido un muro formidable y de alta resistencia, sin embargo, sus bases están corroídas y su capacidad de reproducir sistemas de apoyo es menor a la requerida para su preservación, lo que abre un escenario de reformas para Chile.

El temido desmantelamiento del orden guzmaniano por parte de los conservadores neoliberales y cómplices pasivos de la dictadura no será un acto de fuerza ni un asalto político en medio de la noche: será resultado de una gradual y sostenida caída de una institucionalidad incapaz de legitimarse a sí misma que ha terminado por constituir una nueva voluntad democrática en el país, pudiendo afirmarse que ha sido la incredulidad social la que finalmente acabará por desmontar piezas claves del modelo neoliberal.

En este cuadro en desarrollo la Nueva Mayoría en cuanto nuevo bloque histórico es una promesa de transformación a la vez que inicio del fin de liderazgos que fundaron su poder sea en el apego a la gobernabilidad posdictatorial o enarbolando banderas de un ciudadanismo vacío y populista desde las misma institucionalidad. En este escenario, las reinvenciones políticas o el intento de preservar un poder precario pueden ser comprendidas como señales de la inevitable e inexorable extinción del ciclo en el cual se ha vivido.

Derribar el muro de los cómplices pasivos será tarea de millones, labor en la cual los nuevos líderes políticos que han emergido de las luchas sociales están llamados a jugar roles cruciales y desde luego en la fuerza creadora de la ciudadanía.

En este marco la elección del 15 de diciembre se presenta como una ocasión propicia para infligir al pinochetismo una derrota que abra paso al inicio del fin de los horrores iniciados hace 40 años y para que quienes desean proyectar sus liderazgos adopten decisiones acordes al crucial momento histórico que se vive.

Del frente popular a la nueva mayoría: Los desafíos del PC

Enfrentado a la crucial cuestión de responder si se debe ingresar al gobierno del Estado como parte de la coalición Nueva Mayoría, el Partido Comunista habrá de considerar la experiencia histórica de haber sido parte de dos gobiernos anteriormente, y evaluar costos y beneficios asociados.

Responder a esta decisión exige analizar las actuales condiciones políticas y el desarrollo acelerado de una nueva situación, que puede ser comprendida como el inicio del fin del modelo político institucional impuesto a sangre y fuego por las fracciones antinacionales y antipopulares más reaccionarias del capital en Chile.

En primer lugar, se ha producido un colapso de la derecha pinochetista, que experimentó los efectos de la emboscada perfecta de Piñera, al instalar a una candidata perdedora, demoler moralmente a los cómplices pasivos de la dictadura y realizar actos y operar políticas que conforman un nuevo espacio para la derecha que emerge. Los núcleos del pinochetismo seguirán protegidos en el congreso que los ha reproducido por más de 20 años, pero su poder irá decreciendo hasta ser marginal a mediano plazo.

En segundo lugar, el bloque Nueva Mayoría, expresa nuevas relaciones de poder internamente, pues no sólo se renueva liderazgos y son desalojados los residuos de la vieja transición y de la política de los consensos, además se conforma un nuevo modo de apreciar la realidad que opera y condiciona desde las calles el actuar político. La música de la marchas y de la rebeliones populares locales y regionales exige nuevos comportamientos a quienes deseen mantener su poder.

En tercer lugar, en el campo social se han constituido modalidades asociativas que rompen con las lógicas de acción colectiva de antaño, que acumulan poder desde fuera de los ámbitos de reproducción de clientelas lo que da cuenta de nuevos poderes políticos –actuales y potenciales- en formación.

En cuarto lugar, la cuestión central es sobre la restitución del poder constituyente usurpado al soberano y a su ejercicio activo a partir de marzo de 2014. No es si las universidad es más o menos pública, o la AFP es estatal y la Isapre. El centro del asunto está junto a la cuestión de la soberanía popular, es apuntar a los factores que hacen posible la reproducción y circulación del capital del modo salvaje como opera en Chile, por tanto el tema de la propiedad de los medios y la acumulación de capital es la línea divisoria, el debate de fondo.

En este marco, el PC deberá hacer un ejercicio de recuperación de memoria y sobre esa base actuar. En el gobierno de González Videla experimentó la primera represión en los inicios de la guerra fría; durante el gobierno de Salvador Allende, vivió la aniquilación cruel y cobarde de parte de operadores de la guerra fría neoliberal. Deberá sacar las lecciones de tan duras experiencias.

Más allá de la decisión que adopte, el nuevo escenario político estará signado por las luchas políticas que se darán dentro del orden constitucional del viejo régimen y las luchas ciudadanas en contra y fuera del orden institucional. Serán los costos de 40 años de opresión y desidia de los grupos dirigentes. Será un parto de la nueva historia que comienza.

LA INVENCIÓN DEL 5 DE OCTUBRE

Tras 25 años desde el 5 de octubre de 1988 puede apreciarse desde otra perspectiva el significado que adoptó para la política y la sociedad; así como las proyecciones que tuvo para el proyecto neoliberal y la forma democrática que adquirió la transformación del orden republicado iniciado con la dictadura.

Aun cuando pueda pensarse que la variable temporal no es aun relevante para levantar nuevas preguntas sobre el sentido del plebiscito del 5 de octubre, lo cierto es que la vasta transformación que ha vivido la sociedad chilena exige, al menos, ser más estrictos con los mitos que, de cuando en cuando son erigidos para brindar solvencia al confuso orden que experimentamos en el tiempo presente.

¿Fue el 5 de octubre un hito democrático, una epopeya que abrió paso a la libertad, la igualdad y la justicia social tras años de opresión?, ¿O se trató simplemente de un acto legal establecido en el itinerario constitucional de la dictadura?, ¿Qué fue lo que representó aquel día en el desarrollo de un proceso sociopolítico en el que sus actores operaron más como marionetas que titiriteros?

Una forma de ver la trama exige observar la dinámica de constitución del orden dictatorial como un proceso en el que los actores (protagonistas) se vieron enfrentados a condicionamientos normativos o estructurales muy superiores a sus voluntades y campos de autonomía, al punto de abdicar ante ellos y tornarse partes del proceso mismo de la transformación.

Para observarlo en sus grandes trazos, puede identificarse un gran ciclo, integrado por tres sub-ciclos: el primero, que emerge el 11 de septiembre de 1973 y concluye el 11 de marzo de 1981, el segundo, iniciado ese 11 de marzo y concluye el 11 de marzo de 1990, y el último, que se inicia ese día y finaliza el 11 de marzo de 2010.

Así el 5 de octubre es un día más, debido a que forma parte de un sub ciclo menor que da lugar a una fase de acuerdos o pactos que llevan a reformas constitucionales en 1989, y a la elección que permite a la Concertación asumir el gobierno del Estado.

¿Qué es entonces el 5 de octubre?
Es parte integrante del orden dictatorial transicional. El primer ciclo corresponde a la etapa de dictadura terrorista, al estado de excepción. La promulgación de la Constitución de 1980, y su puesta en vigencia en 1981, traza el camino de la dictadura transicional que contiene una propuesta de proyección, y condiciona a los actores sociales y políticos durante los años 80.

El reconocimiento del orden legal, de lo estéril del debate sobre su legitimidad, el giro hacia un nuevo realismo y la aceptación, finalmente, de las reglas de la dictadura por parte de la Democracia Cristiana y de los socialistas renovados, más que ser comprendidos como actos de claudicación ante el peso de la dictadura, deben ser concebidos como componentes de la propia transición dictatorial o del proyecto neoliberal, por cuanto, junto con devenir agentes operadores del nuevo orden económico institucional, el proyecto concertacionista terminó desplegando el rostro amable de la contrarevolución conservadora que derrocó a Salvador Allende.

Mirado así, el proceso o el modo en que ha sido abordado el 5 de octubre no es sino una invención política para legitimar la segunda etapa de la transición del proyecto neoliberal (dictatorial), en su fase “democrática”.

Un mito necesario para dar coherencia a los comportamientos de aquellos actores que terminaron sirviendo a los artífices del nuevo proyecto, tornándose efectivos agentes reproductores de un orden contra el cual algunos intentaron superarlo o transformarlo o simplemente humanizarlo.

Las lecciones dejadas por el actual gobierno en materia de derechos humanos, por ejemplo, más allá de la monserga de las condiciones políticas condicionantes que habrían impedido avanzar más en el pasado —usadas una y otra vez para justificar posiciones—, son una elocuente muestra que el 5 de octubre fue sólo una apuesta del dictador, y no una victoria de sus pretendidos vencedores. Los días del mito se han agotado.

¿REFORMA O REVOLUCIÓN EN CHILE?

Toda sociedad se enfrenta cada cierto periodo a la pregunta sobre su viabilidad histórica como proyecto colectivo, ocasión en donde emergen con claridad las posiciones sobre el qué hacer, a la vez que se expresan de mejor forma tanto relaciones de poder como concepciones de orden y mundo. Chile está en medio de ese tránsito enfrentado una vez más a la nunca acabada construcción del orden deseado.

Esos escenarios presentados como constituyentes de un nuevo orden, se los puede observar en diversas sociedades y períodos, y expresan, tanto el fin de ciclos, periodos, procesos o como se les llame, en donde las fuerzas que pugnan por la mantención o preservación, resuelven por diversas vías o medios el modo en que tendrá lugar la resolución de lo que se torna crisis en un momento.

A nivel macro, hemos sido observadores del colapso del orden feudal luego de la revolución burguesa francesa, en 1789, crisis que se extendió hasta mediados del siglo XIX; la revolución de las colonias inglesas en lo que fue Estados Unidos, en 1776; o las emancipaciones anticoloniales de las naciones latinoamericanas frente al decadente imperio español a contar de 1810. En el siglo XX el fin de imperio ruso a manos de los bolcheviques, la descolonización de África, los procesos de liberación nacional en América Latina, como en Cuba de 1959, Nicaragua en 1979, o las recientes emancipaciones antioligárquicas y nacionales como la revolución Bolivariana o la conquista del Estado por los pueblos originarios en Bolivia.

Chile ha vivido sus propios procesos de reforma y revolución. Tras el colapso del imperio español, luego de la invasión napoleónica a la península, se vieron enfrentadas fuerzas conservadoras y transformadoras; en lenguaje actual, los primeros buscaban acuerdos para avanzar en la medida de lo posible con los representantes del rey y quienes lideraban la ruptura democrática, los “ultras” de entonces, hoy nuestros héroes, símbolos de las Fuerzas Armadas. Mismo proceso que tuvo lugar en 1891, 1973 o 1988.

El patrón de comportamiento es similar. Quienes se han visto beneficiados o han vivido de privilegios tenderán a procesos de reforma y acuerdos intra élites, buscando los acuerdos que impliquen la menor merma a sus patrimonios y posiciones de poder. Los reformistas, en última instancia están del lado de los poderosos al igual que aquellos que se declaran neutrales.

Por otro lado, quienes abogan por cambios estructurales, serán las grandes mayorías sociales que padecen las consecuencias de las restricciones impuestas por los grupos acomodados. Eso lo vivió el presidente Salvador Allende y pagó con su vida el haberse atrevido a cambiar unas reglas que beneficiaban a una minoría, que tras el golpe de Estado, se hizo de la mayor parte de los bienes estatales económicos y tornó a Chile en una especie de republiqueta cuprífera.

Los perfiles de la crisis en desarrollo
En el escenario político actual, puede afirmarse que la disputa reforma - revolución se ha actualizado en gran medida por la fuerza de las movilizaciones estudiantiles y la integración gradual de trabajadores, sin contar las innumerables expresiones autónomas de los movimientos sociales que hoy libran acciones para defender sus territorios, denunciar los abusos, proponer cambios, entre otras, casi completamente al margen o escindidos de la elite política.

Tenemos, por un lado, a los defensores del orden y la institucionalidad —el bando reformista diríamos—, donde cabe desde los sectores de la Alianza hasta la Nueva Mayoría, pasando por demagogos neoliberales. Su apuesta se orienta a efectuar cambios por la vía institucional, sabiendo que ese camino es la reproducir el Chile de los últimos 23 años, dado que las generaciones que lo reproducen son las mismas del SI y el No de 5 de octubre con escasa adhesión de las generaciones de los jóvenes transicionales.

Por el bando de los revolucionarios, término que seguro espantará a quienes poco o nada saben de historia o la ocultan, se ubica un amplio campo de fuerzas, proyectos, colectivos, redes, movimientos, que orientan su accionar sea hacia el campo de disputa presidencial, parlamentario, económico social, político o cultural.

Tratándose de un evento sociopolítico generador de grandes transformaciones, la revolución es parte de la política. ¿Por qué acaso Chile habría de estar ajeno a los cambios que tienen lugar en países como Egipto, Ecuador, Venezuela o Bolivia? ¿Acaso las enormes dificultades que vive la política institucional, degradada por la carencia de representatividad y por un orden institucional impuesto a sangre y fuego ilegítimo a los ojos de la mayoría ciudadana debe mantenerse en pie por obra y gracia del espíritu santo? ¿No será hora que las demandas de cambio político y económico sean de una vez procesadas o escuchadas antes de que la hora de la revolución toque la puerta?

¿Qué revolución es posible avizorar?
Desde luego no es posible trazar hoy los perfiles de lo que podrá ser el proceso revolucionario chileno, no obstante, si pueden observarse algunos procesos que tendrán lugar en esa hora.

En primer término, será una revolución democrática, afincada en la soberanía popular y el respeto irrestricto de los derechos humanos; será una revolución ciudadana, con mucha diversidad en su composición, de carácter nacional, esto es, que se pondrá al centro, la recuperación de las riquezas nacionales entregadas por la elites económicas y políticas chilenas a transnacionales; será antioligárquica y democrática, que buscará democratizar el acceso a las mayorías a los privilegios de unos pocos. Esto supondrá, necesariamente, que la igualdad como principio impulsor exigirá a las elites, reducir expectativas y practicar la solidaridad activa y no el asistencialismo reproductor de las desigualdades.

A diferencia de la revolución democrática promovida por la Unidad Popular y liderada por Salvador Allende, esta deberá defenderse con más democracia y poder ciudadano organizado.

Nuestras fuerzas armadas, está vez no se prestarán para lanzar cuerpos de detenidos al mar, abusar de mujeres indefensas, hacer desaparecer a torturados y asesinados, es decir, violar los derechos humanos. Con seguridad intentarán limpiar su imagen y respetarán la decisión de la soberanía popular, alejándose de la figura de Pinochet que tanto daño les causó ante la sociedad.

Pese a las apariencias engañosas que intentan generar los medios de comunicación, en Chile se mueven profundos movimientos que anhelan cambios democráticos y justicia social. Lo que no sabemos es de qué modo ni en qué momento ese momento de tensión se tornará una tendencia en desarrollo.

BASES PARA UN ACUERDO DEMOCRÁTICO

Se ha ido instalando la convicción sobre los riesgos que podría traer consigo para la estabilidad política del Estado la permanencia de un modelo institucional y económico que adolece de la suficiente legitimidad en la ciudadanía, y que de no proponerse medidas correctivas y reformas sustantivas es cuestión de tiempo para que una solución no institucional ponga término a un orden erigido sobre las llamas de La Moneda hace cuarenta años. Es hora de avanzar a un acuerdo democrático entre quienes conforman la mayoría social del país.

Se agotó el tiempo para seguir exponiendo sobre la realidad que amenaza el sistema político chileno, signado por una profunda ilegitimidad y déficit de representación. Prácticamente todos los estudios de opinión pública arrojan los mismos resultados: la ciudadanía ve con hastío cómo la clase política o élite sólo legisla para sí y la mantención de sus privilegios, haciendo oídos sordos una y otra vez las demandas sociales por modificar el sistema político y económico.

Al mismo tiempo, lo real para la mayoría social es que el núcleo político dirigente está ubicado en el lado de los privilegios llegando a observarse formas de auto protección, como el apoyo de la Fundación Pinochet al senador Escalona, el entendimiento PDC-PS-PPD-RN para preservar cupos parlamentarios ante una asamblea constituyente, o la carencia de empatía para escuchar las demandas de cambio.

En un cuadro de fractura entre gobernantes y gobernados, de crisis de representación terminal, es imprescindible avanzar a un Acuerdo Democrático que permita superar la amenaza del desgobierno y el endurecimiento de la represión estatal como respuesta, con los costos que esto podría acarrear.

Un nuevo entendimiento para una gobernabilidad democrática exige a todos los actores políticos de oposición al actual modelo institucional y económico, como son los partidos Ecologista-Verde, Igualdad, Humanista, Regionalista Independiente, Progresista, que respaldan candidaturas presidenciales frente a los dos bloques que sostienen el actual modelo —Nueva Mayoría y Alianza—, establecer un diálogo franco, generoso y de respeto con los movimientos sociales y políticos que han jugado roles determinantes y de liderazgo, a través de la movilización social de oposición real al modelo, integrado por los estudiantes, trabajadores, agrupaciones cívicas regionales, movimiento ambientalista, movimiento Tod@s a La Moneda, Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, UNE, CONES, CONFECH, MODATIMA, deudores habitacionales, organizaciones campesinas y sindicales, sociales de base, entre tantos organismos de la sociedad civil.

Tal acuerdo democrático exige establecer una base mínima de consenso que se funde en primer lugar en el ejercicio de la soberanía popular, a partir de a) la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que genere una nueva institucionalidad política y económica, y b) la propuesta de un plan de gobierno de transición que se establezca entre el desarrollo del proceso de diseño, preparación, convocatoria y ejecución de la Asamblea Nacional Constituyente, y la instalación de las nuevas autoridades políticas del Estado Democrático que surja de la deliberación del pueblo de Chile y sus legítimos representantes.

Este Acuerdo Democrático y sus componentes programáticos deben ser la tarea central a la que se aboque la plataforma de trabajo político-social en lo inmediato.

Más allá de las limitaciones que impone al diálogo abierto la próxima elección parlamentaria y presidencial, las bases para su desarrollo deben ser abordadas a la brevedad dada la velocidad con que se están precipitando los acontecimientos.

Se trata, a fin de cuentas, de una responsabilidad con la sociedad frente a los silencios y lejanía de los partidos políticos tradicionales respecto del clamor por cambios, especialmente de la inmensa mayoría que no se siente identificada ni con la Nueva Mayoría ni la Alianza, a quienes ve como parte responsable de los problemas que vive día a día.

LAS PRIMARIAS DEL SI Y EL NO

Las elecciones primarias de Nueva Mayoría y la Coalición, donde fueron electos Michelle Bachelet y Pablo Longueira, no son sino una proyección del plebiscito de 5 de octubre de 1988, por lo que sus resultados y conclusiones deben ser analizados con prolijidad a la vez que comprenderse las consecuencias futuras de ese fenómeno.

Aun cuando no se disponga de datos precisos sobre el perfil etario de los votantes en las elecciones primarias del 30 de junio, debe concordarse en que quienes asistieron a ese proceso fueron mayoritariamente adultos mayores de 45 años, con una ausencia de jóvenes. El que votaran tres millones de personas, un 22.4% del padrón electoral vigente, es un hecho relevante por cuanto se ha reproducido en el tiempo la lógica de SI y el NO del plebiscito de sucesión presidencial de la dictadura.

Lo que resulta relevante es la merma electoral del pinochetismo, que cae de un 44.1 % obtenido en 1988 a un 28 %; y la Concertación ampliada —hoy Nueva Mayoría—, sube de un 55.99 % a 72 %, siendo desconocida la filiación de 77.6% de quienes no votaron, lo que abre razonables dudas acerca de la representatividad del sistema político que impera en el país.

Este es un dato que no puede estar ausente de todo análisis político. Las personas que concurrieron a las urnas el 30 de junio, más allá de expresar una clara adhesión a Michelle Bachelet lo hicieron principalmente para derrotar simbólicamente a la derecha del “gobierno militar” una vez más. Por cierto, parte de ese electorado de adultos jóvenes y adultos mayores que reprodujeron viejos condicionamientos estructurales, lo hicieron motivados por las promesas de cambio que levantó la candidata.

No puede ponerse en duda la movilización electoral de las primarias, pero es imprescindible reconocer que se trató más de una elección presidencial entre el pinochetismo y la Concertación que una primaria de selección de candidatos. Desconocer este hecho es no querer comprender que el modelo político y económico se ha reproducido a lo menos desde 1988, y tal reproducción es un acto de voluntad deliberada cuyos orígenes los encontramos en el pacto de gobernabilidad y desmovilización social que legitimó el modelo económico e institucional de la ideología neoliberal y de la contrarevolución de 1973.

En sí mismo, lo ocurrido es un dato de realidad que tiene consecuencias a futuro y que señalan un rumbo que, de no corregirse, puede devenir en una ruptura institucional en el corto plazo con consecuencias imprevisibles.

Chile se encuentra escindido entre los integrados al orden condicionante de la Constitución de Pinochet-Guzmán —la mayoría política en el poder ejecutivo y legislativo—, mayoritariamente hijos del Plebiscito de 1988, y la mayoría social, sin poder político, jóvenes, movilizados por cambios en la educación, asamblea constituyente, agua, nacionalización del cobre, aborto, matrimonio igualitario, fin a las AFP, entre otros.

De persistir el modo de dominación política de una minoría sobre la mayoría social se ve difícil ilusionarse con una nueva etapa de la “democracia de los acuerdos” o con una política en “la medida de lo posible” una vez más.  La colisión entre la lógica de reproducción y la lógica de transformación del orden imperante, podrían tener lugar antes de que se extingan los últimos exponentes de la fuerza del No. Es mejor anticiparse al diluvio.

Cabe, en consecuencia, establecer un nuevo acuerdo de gobernabilidad fundado en el restablecimiento de la soberanía popular, que supone la convocatoria a los “estados generales” del país, a través de una Asamblea Constituyente. Sólo a través de la más amplia participación de la ciudadanía se podrá restablecer la confianza quebrantada en un sistema político.

No pueden los condicionamientos normativos menos aquellos percibidos como ilegítimos —Constitución de Pinochet-Lagos—, impedir que la soberanía popular se exprese; ello equivale a una forma de dictadura encubierta, contra la cual el pueblo tendría derecho a rebelarse.

Sea cual sea el resultado de 17 de noviembre, intentar desconocer el clamor del pueblo expresado desde fines de los años 90 y reafirmado año a año no sólo expresa una insensatez política, sino su abandono y desde luego, aceptar un cuadro de desgobierno que se está preanunciando. Es la hora del realismo político.

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